La transparencia no es opcional. Es un derecho consagrado en nuestra legislación, fundamental para garantizar la rendición de cuentas y fomentar una participación ciudadana informada en los asuntos públicos. Sin embargo, como bien señala Castillo, el silencio administrativo y el incumplimiento de los plazos establecidos en la Ley 200-04 son prácticas que socavan la confianza ciudadana y alimentan una percepción de opacidad gubernamental.
Según lo estipula la Ley 200-04, las instituciones tienen un plazo de 15 días hábiles para responder a las solicitudes de información, con la posibilidad de extenderlo 10 días adicionales en casos justificados. La espera de 27 días sin respuesta ni justificación, como se denuncia en este caso, constituye una violación directa de este marco legal. Esto no es un simple desliz administrativo; es una transgresión que limita el derecho ciudadano a conocer cómo se gestionan los recursos públicos.
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este tiene una oportunidad de oro para corregir el rumbo. Al cumplir con su obligación de responder a la solicitud de información, puede enviar un mensaje claro de compromiso con los principios de transparencia y buen gobierno. Además, puede aprovechar este momento para fortalecer sus políticas de acceso a la información y establecer un precedente positivo que inspire confianza en sus ciudadanos.
El derecho a la información no solo está protegido por la Ley 200-04. La Ley 107-13, en su artículo 4, refuerza el principio de buena administración, incluyendo el acceso a la información como un derecho fundamental. A nivel internacional, este derecho está respaldado por instrumentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estas disposiciones subrayan que el acceso a la información es un componente esencial de la libertad de expresión y una herramienta clave para fortalecer las democracias.
El acceso a la información no es un lujo ni un capricho. Es un pilar fundamental de cualquier democracia funcional. Sin transparencia, los ciudadanos quedan en la oscuridad, incapaces de fiscalizar a quienes administran los recursos del Estado. La falta de transparencia no solo fomenta la corrupción, sino que también debilita los esfuerzos por construir una cultura de integridad y ética en la gestión pública.
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este puede liderar con el ejemplo y convertir este incidente en un caso emblemático de compromiso con la transparencia. Responder a la solicitud de información no es solo una obligación legal, sino también una oportunidad para mostrar su disposición a rendir cuentas y fortalecer el vínculo entre gobernantes y ciudadanos. Este gesto no solo beneficiará a quienes solicitaron la información, sino también a toda la comunidad, que verá reforzada su confianza en la gestión municipal.
El llamado a la acción es claro: las instituciones deben cumplir con su deber de rendir cuentas. La transparencia no es negociable, y su incumplimiento socava los cimientos mismos de nuestra democracia. Si el caso de Wilmer Castillo no se resuelve con prontitud y conforme a la ley, las acciones legales anunciadas serán no solo justas, sino también necesarias para reforzar la vigencia de los derechos ciudadanos.
Que este episodio sirva como un recordatorio para todos: la transparencia es el camino hacia un gobierno local más justo, transparente y responsable. Es tarea de todos –ciudadanos, comunicadores y autoridades– defenderla y exigir su cumplimiento. El Ayuntamiento de Santo Domingo Este tiene la oportunidad de ser parte de esta transformación y de demostrar que la transparencia es, efectivamente, un derecho inalienable y no una concesión.
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