"La prisa para su aprobación no permitió a los senadores estudiar a profundidad el proyecto del Código Penal, a pesar de que juristas y organizaciones de la sociedad civil han denunciado que el mismo está plagado de errores", denunció del Rosario.
En ese mismo tenor, la abogada y educadora, consideró que "el nuevo Código Penal constituye un retroceso para la República Dominicana, en materia de derechos, y perjudica, sobre, todo a las mujeres y a las niñas".
Asimismo, del Rosario advirtió que con ese código penal se autoriza el trato abusivo y la violación sexual contra las mujeres cuando estos abusos los cometa su esposo o pareja.
De igual manera, la profesora plena del Área de Ciencias Sociales y Humanidades y coordinadora de la maestría en Género y Políticas de Igualdad en Educación de INTEC, criticó la exclusión de las tres causales.
"Permitir que más mujeres sigan muriendo por la penalización absoluta del aborto no es ni moderno, ni aceptable", advirtió.
En ese mismo orden, la catedrática emplazó a la Defensoría del Pueblo y a la Comisión de DDHH, que demanden sean incluidas las tres cáusales en dicho Código.
Otro punto que del Rosario cuestiona es, a su juicio, la normalización de la violencia en el proyecto.
"Si estamos trabajando para desmontar la violencia en la República Dominicana, cómo es posible que el Código permita que un padre pueda golpear a su hijo, que pueda, supuestamente corregir, porque eso no es corrección, es tolerar, normalizar y legalizar la violencia contra niños y niñas. Estamos ante una violencia institucionalizada", lamentó la experta.
"De igual manera -continúa la abogada- se está hablando de que el incesto puede ser más grave y menos grave y eso no es así. Incesto es incesto".
Por igual, lamentó que una herramienta jurídica tan importante "se haya aprobado sin ser previamente estudiada".
Tomando en cuenta todo lo antes expuesto, del Rosario advierte sobre la resistencia de los poderes fácticos al Estado de derecho, poniendo así en evidencia su propensión a promover e imponer sus intereses particulares sobre el resto de la sociedad.
"Muchas veces las instituciones aprovechan el poder que tienen para imponer ideas, leyes y miradas sobre determinados procesos y no permiten que la democracia avance en muchos países. Eso también es corrupción", denunció.
Para finalizar, del Rosario afirmó que el Estado tiene la obligación de respetar, garantizar y promover los derechos humanos
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