By : Mario Antonio Lara Valdez
El afán desesperado del PLD de tirar sus seguidores a las calles y obstruir el trabajo de la justicia muestra el temor de ese partido ante un caso monumental de corrupción en el que el Ministerio Público ha establecido que los imputados robaron miles de millones de pesos del Estado.
El destape de una nueva olla de corrupción que involucra a poderosos del perredeísmo coloca al partido opositor ante una disyuntiva existencial, situándolo, literalmente, al borde del abismo.
Con este nuevo lío consumiéndole y su imagen degradada hasta tocar suelo, parece que el pánico está cobrando fuerza en el interior de esa organización, que probablemente teme que esto alcance a más personas a medida que progresen los interrogatorios y se abran nuevas pesquisas.
La cúpula peledeísta se aferró rápidamente a argumentos insignificantes y además de acusar al presidente Luis Abinader de presuntamente estar detrás de los arrestos y sometimientos judiciales a los acusados, apuntó agitadamente contra el Ministerio Público.
La intención de fondo del PLD es que los arrestados sean liberados de manera pura y simple, una forma de dar curso a la impunidad que terminó desacreditando a sus gobiernos y sepultando para siempre su arruinada doctrina del decoro y la decencia en el manejo de los dineros del pueblo.
Los alegatos del PLD también revelan más falsedades, al acusar al presidente Luis Abinader de abrir estos expedientes con fines de impulsar su reelección, una cuestión sin fundamento porque el mandatario tiene legalmente las puertas abiertas para ese propósito.
En las protestas atizadas por el PLD, exigiendo la libertad de los imputados por el caso de la “Operación Calamar”, cuyos cabezas principales, entre un total de 20 acusados, figuran los exministros José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo, este último candidato presidencial del partido morado en las elecciones de 2020.
El presidente Abinader ha dejado campo abierto a los órganos de investigación adscritos a la Procuraduría General de la República para que hagan su trabajo, sin interferencias del gobierno ni de los poderes del Estado.
El ejercicio de justicia que observa el país, específicamente los procesos contra la corrupción y la impunidad, es el resultado del compromiso hecho por el jefe de Estado el 9 de diciembre de 2020, cuando presentó un conjunto de iniciativas para enfrentar ese mal a todos los niveles y recuperar el patrimonio público robado.
Para los peledeístas resulta chocante lo que está ante sus ojos que, durante años de gestión pública de sus gobiernos, dejaron en estado de saqueo al Estado y formaron una red de multimillonarios a costa del sufrimiento y penurias de la población humilde.
Abinader prometió en los albores de diciembre de 2020 que crearía las bases de un nuevo Estado, fuerte, plural y transparente, en el que los ciudadanos constituyan el centro de la atención pública y lo haría a través de propuestas, leyes, reglamentos y decretos.
Danilo Medina asumió el poder el 16 de agosto de 2012 y desde su campaña presidencial enfatizó en que lucharía contra la corrupción.
Proclamaba entonces que seria “enérgico contra la corrupción”, y que aquel que se equivocara “debería rendir cuentas y pagar”.
Cuando llegó el final de su mandato, ninguna de sus promesas fue materializada. Contrario a esto, sus gobiernos han quedado marcados por la mancha deshonrosa de la corrupción, incluso al extremo de haber alcanzado a miembros cercanos de su familia.
Sólo han pasado dos años y siete meses desde que Abinader proclamó, justo el Día Internacional de Lucha Contra la Corrupción, que su propósito con los planes anticorrupción era “cambiar ya y para siempre a nuestro país”.
Mientras, varios Ministerios, Direcciones y otros órganos de Administración durante los gobiernos peledeistas de Danilo Medina estaban asfixiados por una fiebre corrupta que infestaba al Estado.
Abinader lo tenía claro a su llegada al poder y, por eso, explicaba a su tiempo que sus iniciativas buscaban blindar, desde el punto de vista legal, a las principales instituciones para que el futuro del país “jamás dependa del capricho o de los intereses de un líder o de un partido político”.
Su compromiso de hace más de dos años es lo que el país está observando ahora, una campaña sin freno para recuperar el patrimonio obtenido mediante actos de corrupción.
Siguiendo esta línea se contrató a un equipo de abogados para que como actores civiles acompañe al Ministerio Público en las actuaciones procesales sobre hechos de corrupción, para recuperar el patrimonio robado.
Los resultados están a la vista, con la recuperación de cientos de millones de pesos que funcionarios y personalidades de poder político e influencia de los pasados gobiernos del PLD desfalcaron al Estado.
El PLD argumenta que el gobierno maneja las decisiones del Ministerio Público, cuando solo trata de que se cumpla la responsabilidad del Estado respecto a los bienes de los dominicanos.
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se enfrenta a un dilema existencial: o admite los daños y existencia de sus gobiernos corruptos y pide perdón al pueblo, o se prepara a tiempo para su propio velatorio político.
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