By Mario Antonio Lara Valdez
Las presiones internacionales y acuerdos internacionales suscrito por gobiernos de turno deben siempre manejarse con madurez política.
Santo Domingo. El expresidente Leonel Fernández se opone al Proyecto de Ley sobre Trata de Personas, ahora retirado del Senado, aun cuando los puntos sustanciales de esa pieza están definidos en el Protocolo de Palermo, suscrito por su gobierno el 15 de diciembre de 2000.
Nueva vez, exhibiendo su astucia para manejar a su antojo los hechos y descargando en otros sus errores y fracasos, el presidente de la FP intenta huir de sus responsabilidades y obtener beneficios políticos como estrategia política electoral.
Seis años después de firmar ese Protocolo, el 22 de diciembre de 2006, Fernández promulgó la resolución 492-06 del Senado que aprobó ese mecanismo el 14 de marzo de ese año, para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Con este paso, Leonel convino en dar protección a quienes llegasen aquí de manera ilegal, fuese mediante fraude, engaño, abuso de poder o situación de vulnerabilidad.
También, al firmar el documento, su gobierno se comprometió a proteger a los que ingresasen al país para fines de prostitución, trabajos o servicios forzados. Incluso, para ampliar las facilidades, todos aquellos que dieran su consentimiento a migrar eran considerados víctimas y aplicaban para beneficios, según se consigna en el Protocolo, al que Fernández dio su visto bueno.
Las autoridades del Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, encabezado en la ocasión por Fernández, concedieron sin ninguna objeción velar porque el ordenamiento jurídico o administrativo interno “prevea medidas con miras a proporcionar a las víctimas de la trata de personas”.
El país se comprometió a prevenir y combatir la trata de personas, con especial atención a las mujeres y los niños, y proteger y ayudar a las víctimas, respetando sus derechos humanos y cooperar con Haití, que es el país parte del problema. Aceptó que la captación, transporte, traslado, acogida de un niño, aun en su primer día de nacimiento, con fines de explotación, se considerara "trata de personas" aunque no se recurra a ninguno de los hechos antes descritos.
El artículo 6 del Protocolo aprobado por Fernández involucra al Estado dominicano a considerar la adopción de “medidas legislativas u otras medidas apropiadas” que permitan a las víctimas de la trata de personas permanecer en territorio nacional, “temporal o permanentemente”. Igualmente, el Gobierno se comprometió a proveer la recuperación física, psicológica y social de las víctimas de la trata de personas, suministro de alojamiento adecuado, asesoramiento e información.
En particular, con respecto a sus derechos jurídicos, a ofrecerles información en un idioma que las víctimas de la trata de personas puedan recibir asistencia médica, psicológica y material, empleo, educación y capacitación. También aprobó el gobierno de Leonel adoptar medidas eficaces, tomando en cuenta la edad, sexo y necesidades especiales de las víctimas de la trata de personas, en particular las necesidades especiales de los niños, incluidos su alojamiento, educación y cuidado.
Todo esto que encontró el beneplácito y aprobación final, durante su segundo periodo gubernamental, Leonel Fernández lo presenta hoy como un desacierto del Gobierno de Luis Abinader mientras se lava las manos como Poncio Pilato, declarándose inocente de los hechos.
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