Según exponen, la pérdida de fondos se ha estimado en más de 8000 millones de pesos, pero esta es solo una cifra inicial y puede ser muchísimo mayor. Las maniobras financieras de las AFP han violado, sin justificación alguna, los artículos 59 y 96 de la Ley No. 87-01 que establecen claramente que el objetivo de la inversión de los fondos de pensiones es incrementarlos logrando una rentabilidad real.
Indicaron que el incumplimiento de la ley ha sido posible con la complicidad de la Superintendencia de Pensiones, la DIDA y demás entes regulatorios, que han incumplido con todas las funciones y facultades que les da la Ley para proteger el derecho a estar informados, a que los fondos se inviertan de la manera correcta y, sobre todo, para que no se pierda un solo peso de las cuentas.
Según expresaron, lo ocurrido es un atentado inaceptable al patrimonio de las personas, y confirma que la Ley No. 87-01, sus instituciones y normas complementarias son una maquinaria de generar ganancias para las AFP y, si así lo quieren, conspirar para violar su propia Ley con todo tipo de resquicios y artimañas.
El actual sistema de pensiones es anticonstitucional, ya que viola el derecho fundamental a la seguridad social establecido en el artículo 60 de la Constitución, pero también ha quedado demostrado que, aparte de ser un entramado parasitario que solo ofrece las peores pensiones de América Latina, niega miles de pensiones por discapacidad y sobrevivencia, las AFP se creen en el derecho de obtener ganancias sin límites y transferir todos los riesgos y pérdidas a los afiliados. Recordaron que con la Ley 13-20 se completó la perversidad de este sistema, ya que aseguró a las AFP ingresos y ganancias por una comisión en base al saldo administrado, que siempre será más grande, lo que blindó sus beneficios de los malos negocios que hagan, y si las cosas van mal serán los afiliados los únicos afectados.
En tal sentido, hicieron los siguientes llamados y anuncios:
1. Llamar a que la ciudadanía denuncie lo ocurrido por todos los medios posibles y participe en las demandas legales colectivas que se están estudiando, para exigir las sanciones legales que correspondan y la devolución de los montos sustraídos en nuestras cuentas, solicitando la participación del Defensor del Pueblo.
2. Instar al Congreso Nacional a proceder con la interpelación de todos los funcionarios que hayan incurrido o colaborado en afectar el patrimonio previsional de los dominicanos.
3. Exigir que se transparenten todos los datos de las inversiones del dinero, y se informe a la brevedad y con exactitud la magnitud de la afectación económica cometida, en cantidad de afiliados y cantidad de dinero.
4. Exigir una auditoría integral histórica de los fondos de pensiones, la SIPEN y las AFP para que se transparente cuántas veces han ocurrido hechos similares y se repare de forma justa a la población afectada.
5. Llamar a la ciudadanía a movilizarse activamente este viernes 17 de marzo a las 3 de la tarde en la protesta ante la SIPEN, el miércoles próximo en un cacerolazo nacional a las 8 de la noche, y en la gran marcha nacional del domingo 24 de abril, para exigir la transformación integral de la Ley No. 87-01 y el término de las AFP, única solución de fondo y permanente a la negación de nuestros derechos y al saqueo que nos han sometido por 21 años.
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