En ese concierto también participó David Collado en la alcaldía del D.N., Luis Henry Molina en la SCJ y Roberto Fulcar en Educación
Santo Domingo, D. N., enero del 2022.- El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, cuyo rol debería circunscribirse al acompañamiento de las instituciones públicas que por su naturaleza, trabajan en el desarrollo humana, como lo establece el convenio del año 1974, ha sido utilizado como “sombrilla” de la transparencia, a través del cual un número considerable de instituciones estatales, manejan pagos de nóminas millonarias, de las que no se rinden cuentas, ni se sirven informaciones solicitadas por particulares e instituciones de la sociedad civil, como establece la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información, de acuerdo a la Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, la irregular práctica consistente en delegación de funciones, la inició David Collado, mientras se desempeñaba como alcalde del Distrito Nacional.
En la alcaldía capitalina, el PNUD, asumió el rol de las compras y contrataciones, en violación a la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, las funciones de la Cámara de Cuentas, ya que el organismo de las Naciones Unidas, asumió esa labor contratando firmas auditoras privadas en violación de la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas, así como el reclutamiento de personal y el cobro de arbitrios, por lo que le pagaba una nómina de varios millones de pesos mensualmente, de igual forma el ministro de Educación Roberto Fulcar, contrato los servicios del PNUD, para que este le asesorara, sin embargo delego las compras de equipos electrónicos para el año escolar durante la pandemia, cobrando la agencia multilateral más de 4 millones de dólares por concepto de viatico y contratación de asesores, fuera de la nómina del ministerio en violación a la norma.
También el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, está entre los servidores que han delegado sus funciones, al PNUD, al acordar que este se encargue de realizar tareas propias del Poder Judicial, por lo que tendrá que erogar miles de dólares establecido en el convenio, sumándose a las entidades como el Gabinete de Política Social, que por varios años, mantuvo el pago de una nómina a través del organismo especializado de la ONU, de 12 millones de pesos, lo que ha sido descontinuado por la Dirección General de Presupuesto, DIGEPRES, para que las instituciones públicas sean transparentes con el manejo de las remuneraciones para que no haya nóminas alternas pagadas por terceros.
“Desde que las instituciones públicas iniciaron con esa práctica de anunciar con bombos y platillos que acordaron con el PNUD, llamamos la atención porque en nombre de una mayor transparencia, era donde menos transparencia existía, porque las instituciones no ofrecían detalles de los pagos realizados al programa, así como la falta de información de los asesores y contratados y el salario de estos, convirtiéndose en una vía expedita para designar a personas sin que se conozca de quién se trata, inscribiéndose en un acto típico de corrupción administrativa, por saltarse varias leyes de la administración pública”. Concluyó Julio César De la Rosa Tiburcio, presidente de la organización de la sociedad civil.
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