Durante una rueda de prensa realizada en las afueras del Congreso Nacional, las activistas Inmagela Abreu y Katherine Cabrera leyeron un documento que señala que “la Constitución Dominicana es clara y basada en ella les recordamos que ninguna ley puede obligar a mujeres y niñas a morir, como tampoco puede vulnerar su salud y su dignidad”.
Recordaron que las causales exigidas son tres situaciones extremas en las que se le debe reconocer el derecho de la mujer o niña afectada, junto a su familia, a decidir si mantienen o no un embarazo y que no deberían estar en discusión en ninguna sociedad que se plantee poseer un estado de derechos.
Estos sectores de la sociedad dominicana demandan tres eximentes de responsabilidad penal para la interrupción del embarazo en el nuevo código penal que se está revisando en el Congreso Nacional: Para salvar la vida de la madre, cuando existen malformaciones incompatibles con la vida fuera del útero y cuando el embarazo es fruto de una violación o incesto.
“La historia les ha colocado a ustedes como tomadoras y tomadores de decisiones en una disyuntiva: Seguir haciendo el coro a los sectores conservadores, históricamente negadores de derechos a las mujeres, que nos niegan nuestra condición de ciudadanas de primer orden con capacidad y derecho de decidir sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos. O casarse con la gloria y pasar a la historia como legisladores y legisladoras que son capaces de asumir las responsabilidades que trae consigo el puesto y ser realmente garantistas de derechos, de construcción de democracia”.
Destacaron que al reanudar los debates sobre el Código Penal y luego de que la comisión responsable de estudiar el proyecto de código cometiera la injusticia de excluir de su informe la despenalización de las tres excepciones para la interrupción del embarazo, que por casi 20 años han exigido las mujeres dominicanas, numerosas organizaciones y sectores de la sociedad se ha unido a una sola voz: ¡Las causales van!
A este reclamo se han sumado las voces de organizaciones de mujeres, feministas, derechos humanos, trabajadoras, amas de casa, sectores religiosos, grupos juveniles, ministros y ministras, funcionarios y funcionarias del estado, profesionales de la salud, profesionales de la comunicación, profesionales del derecho, partidos políticos, colegios de profesionales, movimientos campesinos, organizaciones barriales, organizaciones de las diásporas dominicanas desde distintos puntos del mundo, artistas, deportistas, legisladoras y legisladores.
En el documento enviado a los congresistas les invita a observar cómo han crecido las manifestaciones de respaldo, solidaridad y de sostenimiento del Campamento instalado el mismo día en que se produjo el “despropósito de la mal llamada Comisión de Justicia de esa Cámara de Diputados, quienes en su gran mayoría cerraron los ojos y los oídos a la situación que padecen las mujeres y niñas dominicanas más pobres, obligadas a la práctica clandestina del aborto, para salvar sus vidas o ante un embarazo forzado o una preñez que no dará vida, por mal formación que le hace inviable fuera del útero, práctica que en muchos momentos las conduce a la muerte”.
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