Es razonable, dice la entidad, que si se quiere el desarrollo turístico del área, a la franja marítima que corresponde a los 10 millones de metros disponibles para hoteles y actividad inmobiliaria, se le de el mismo trato que al resto del litoral de Punta Cana, por donde no se permite tránsito vehicular ni están abiertas a tarantines ni negocios ambulantes. El desalojo era inevitable, explicó el señor Andrés Alba, presidente de la citada asociación.La deteriorada plaza comercial, cito Alba como ejemplo, es propiedad privada, no de sus ocupantes forzados que se negaron a salir voluntariamente, a pesar de que se le ofreció una compensación económica, y los 8 puestos de venta que quedan no están haciendo negocios porque el lugar es poco frecuentado por turistas.
Esa instalación deteriorada y sin condiciones sanitarias, dentro de los 60 metros de dominio público y junto a un humedal, dice la Asociación, tiene que ser eliminada, y sus propietarios legítimos están de acuerdo, porque es un obstáculo para un desarrollo turístico, que en un período de 6 a 10 anos creará una gran demanda de bienes y servicios y mantendrá alrededor de 10 mil puestos de trabajo.
OCUPANTES ILEGALES
Otros ocupantes ilegales intentaron quedarse con porciones de estos terrenos, pero son propiedades registradas y documentadas desde hace varias décadas, y no pudieron hacer valer sus pretensiones en los tribunales que fallaron a favor de los legítimos propietarios.
Nuestra asociación apoya el plan de recuperación de playas, áreas protegidas y propiedades de vocación turística, ocupadas ilegalmente.
Alba explicó que el desalojo de la franja marina de dominio público es en una parcela legalmente saneada hace más de cuarenta años, en la que sus propietarios originales construyeron la plaza y alquilaron los locales. Una vez vendieron los terrenos, los comerciantes continuaron ocupando los locales con los contratos vencidos. Los nuevos adquirientes de la propiedad nunca cobraron alquiler, porque su plan es eliminar esa ruinosa edificación.
Estas y otras ocupaciones ilegales de esta propiedad titulada de acuerdo con la legislación vigente, dijo Alba, obstaculizaron durante más de una década el desarrollo turístico de una de las mejores zonas de Punta Cana aun disponible, que es propiedad de varias empresas promotoras de proyectos turísticos de lujo.
TRUCOS Y APOYO DE PASADAS AUTORIDADES
El abogado de la asociación, Rafael Martinez, explicó que los ocupantes ilegales se han valido de maniobras de todo tipo, a veces con apoyo de autoridades inescrupulosas, para mantener reclamos sin fundamentos.
Ha sido un largo recorrido, dijo Alba, para agotar todas las instancias en los tribunales de justicia para mostrar la legalidad de la titulación de la propiedad y desmontar cosas increíbles que podrían bien ser el tema de un libro.
Martínez citó como ejemplo el caso de una persona que reclamaba la propiedad de terrenos titulados porque la parte que supuestamente le correspondía en la parcela se la había comido el mar; otro caso parecido se montó con un título sin respaldo hecho en el gabinete de un agrimensor, que tenía una parte importante dentro del mar, y otro un ocupante que no tenía ningún documento con que amparar un reclamo de cientos de millones de pesos para abandonar el lugar.
El abogado Martinez, relató como el caso más singular, el de un ocupante que tenía una destartalada caseta, y fue desalojado después de una sentencia del Tribunal Supremo; y muchos meses después de ejecutada la decisión, otro tribunal ordenó detener el desalojo basando su decisión en que a pesar de existir el derecho de propiedad había que proteger a dos familias con niños que vivían en el lugar, cosa absolutamente falsa.
Lo importante en el caso que nos ocupa, manifestó Alba, es que se ha hecho algo bueno para el país y su continuo desarrollo, ya que este proyecto creará miles de empleos directos e indirectos y elevando el nivel de ingresos y de turistas impactando muy positivamente en la sociedad dominicana .
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