By Pedro Calderón Prieto ( @pcp2020.do )
Aunque ya llegó, en nuestro país todavía no azota con crudeza la pandemia que recorre gran parte del mundo. Aún así, es posible darnos cuenta de las grandes diferencias que existen en nuestra población a la hora de tomar medidas para evitar los contagios, y con ellos su propagación.
Las recomendaciones suelen ser las mismas en todo el mundo. Quedarse en casa y trabajar a distancia; no usar el transporte público, evitando los lugares concurridos y lavarse permanentemente las manos. Estas últimas parecieran ser las más importantes, además del evidente aislamiento preventivo con o sin síntomas. Pero, examinemos una a una las recomendaciones.
Primero, ¿puede el pueblo dominicano trabajar a distancia? En un país donde el derecho al trabajo digno no está garantizado, pensar en el teletrabajo parece ser una utopía incluso en tiempos de pandemia. Por ello, debemos avanzar hacia una sociedad que valore la humanidad de sus trabajadores por sobre su rentabilidad económica.
Además, resulta prioritario que todos los trabajadores y trabajadoras tengan asegurada tanto su previsión social como los seguros médicos. No es posible que ante el contagio de coronavirus se vean obligados a seguir trabajando porque no pueden dejar de llevar dinero a sus casas, y con ello se vean expuestos sus compañeros de trabajo y la comunidad en general.
Por otro lado, el uso del transporte público no es una elección para miles de dominicanos y dominicanas. Descartada la posibilidad de dejar de trabajar, la movilización es una necesidad básica que está bastante descuidada por parte del Estado. Las empresas que prestan el servicio no cumplen las mínimas normas de seguridad y el hacinamiento en carros públicos, guaguas y voladoras es terreno fértil para que el virus se siga propagando. Una vez más, los pobres son parte de esa población vulnerable que está más expuesta a contraer la enfermedad.
En tanto, lavarse las manos y cuidar la higiene personal es, sin duda, la recomendación más repetida. El problema radica en las condiciones en que viven muchos de nuestros compatriotas, por ejemplo, viviendo entre aguas estancadas y sin agua potable que les permita cumplir con las indicaciones entregadas por las autoridades de salud, e incluso volviéndolos presas fáciles del dengue y otro tipo de enfermedades.
Las precarias condiciones sanitarias y de vivienda existentes en los barrios con menores recursos, son las que expresan una de las principales diferencias sociales, evidenciando la ausencia del derecho a la salud garantizado para todos y todas.
En ese sentido, el sistema es deficiente desde su estructura. Basta un contagiado en cualquiera de nuestros barrios capitaleños para que el COVID-19 se propague rápidamente por la población dominicana. Nunca estuvimos preparados.
Por lo anterior, es de una necesidad imperiosa fortalecer el sistema de salud público. Urge una voluntad política transversal para convertir la salud en un derecho real para todos los dominicanos y dominicanas.
El desafío inmediato que nos deja la crisis es lograr que el Artículo 61 de la Constitución se cumpla de una vez por todas.
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