La presidenta de la entidad, Yanira Fondeur, al hablar en rueda de prensa junto a la directiva de la entidad, precisó que “la población femenina representa el 51 por ciento del electorado y en vista de que constituye una calamidad y urgencia nacional la problemática de la violencia contra las mujeres, consideramos que es preciso que los candidatos a la presidencia expongan las políticas públicas puntuales y eficaces que implementarán para disminuir estas tragedias”.
Dijo que, de los 68 asesinatos de mujeres del pasado año, 48 ocurrieron en sus hogares, 54 de las cuales tenían menos de 35 años y 28 feminicidios se ejecutaron con armas de fuego, desconociendo si los victimarios las portaban legalmente.
Precisó que, febrero (llamado mes del amor) y junio fueron los meses más sangrientos con 9 casos cada uno, siendo una constante cada año que en la provincia Santo Domingo es donde más ocurren feminicidios, con 16; San Pedro de Macorís 6, Puerto Plata y Santiago con 4 y San Cristóbal con 3 feminicidios.
En relación a los suicidios de los victimarios, la Fundación Vida Sin Violencia registra 19, dos casos más que en el 2022.
“Sigue constituyendo una gran preocupación la inseguridad a las que están sometidas las mujeres que deciden terminar sus relaciones abusivas o toxicas, por ejemplo, Jessi Yomaira Jiménez fue lanzada de un cuarto piso de un hotel y no había denunciado a su maltratador para que no perdiera su trabajo; Yulimel Gil Acevedo, de 21 años, recibió 15 estocadas en una finca y era madre de 3 niños; Nicole Belén, de 20 años, fue encontrada desnuda en un tanque de agua, por sólo mencionar tres tragedias ocurrida en el 2023”, precisó Yanira Fondeur.
“Insistimos en la necesidad de una revisión de las políticas públicas, que debe iniciar con la aprobación del proyecto de ley integral de prevención, atención, sanción y reparación a las mujeres sobrevivientes de violencia, que fue reintroducido por el Presidente de la República el 12 de diciembre de 2022, lo cual es una deuda de los legisladores.
Además, consideró prioritario optimizar la protección de las denunciantes y destinar recursos para campañas educativas sistemáticas enfocadas en fomentar una masculinidad respetuosa y corresponsable.
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