By Mario Lara Valdez
Los receptores de esta orden de Medina, dos figuras de peso e influencia en su pasado gobierno peledeísta, fueron José Ramon Peralta, entonces ministro administrativo de la Presidencia y Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia.
El ejecutor del mandato fue el ingeniero Francisco Pagán, extitular de la OISOE, y todo está documentado por el Ministerio Público de revelaciones hechas en interrogatorios por autores de primera línea del entramado criminal, cuya figura principal es Alexis Medina, hermano del exjefe de Estado.
Esta fingida defensa a la Ley 340-06 tiene todas las huellas de una farsa pensada y delineada como estrategia para culpar a otros y ocultarse, un medio para erigirse como inocentes y honrados y eludir acciones delictivas y el alto precio de sus errores. La dirección del PLD está en serios problemas por su incongruente defensa a la Ley de Contrataciones porque ahora la acusación de violarla cae como rayo sobre el expresidente Medina.
El 27 de febrero de 2014, seis meses antes de nombrar a Pagán en la OISOE, Danilo Medina dio como un hecho la transformación de las compras y contrataciones públicas “para lograr la participación justa y democrática de pequeños y medianos empresarios”. Pero hizo todo lo contrario al dar luz verde para la violación de esa ley faltando a su juramento ante el pueblo, Dios y la Biblia.
La abogada Lina de la Cruz Vargas, exconsultora jurídica de la OISOE, ofreció una contundente revelación en un interrogatorio de los fiscales a cargo del Caso Antipulpo al testificar que “el ingeniero Pagán recibió una instrucción del presidente, en una mesa que había en el Palacio Nacional, donde estaba José Ramón Peralta”. La exfuncionaria aseguró también que las adendas para la construcción de los hospitales y sus equipamientos tampoco fueron licitadas bajo la excusa de que existían muchos inconvenientes para ejecutar los procesos, según manda la ley.
En el PLD están defendiendo ahora la Ley 340-06 que su propio líder político ordenó quebrantar para poner en marcha el plan de intervención de todos los centros de salud pública. Pero la violación de la Ley sobre Compras y Contrataciones no solo fue vulnerada en el caso de la construcción y remodelación de los hospitales y su equipamiento despreciando toda regla de licitación, sino que los tentáculos de esta mafia se extendieron a través de numerosas instituciones del Estado.
Durante la Administración de Medina, las ramificaciones de estos grupos abarcaban a la Policía Nacional, con la venta irregular de 220 millones de pesos en combustible, y al Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER) en un sinfín de contratos y licitaciones. Igual ocurrió en el Ministerio de Salud Pública con el suministro engañoso de medicamentos y en la OISOE con la asignación irregular y sobrevaluaciones en el equipamiento de 56 hospitales, por valor de 43,000 millones de pesos.
En la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE) hubo sobrevaluaciones, contratos amañados, asignaciones fraudulentas y sobornos por montos superiores a los 5,000 millones de pesos y en la Unidad de Electrificación Rural (UERs), con adjudicaciones fraudulentas de obras y sobornos. Los casos llegaron hasta el Ministerio de Obras Públicas (MOPC), mediante el suministro engañoso e irregular de cemento asfáltico AC-30, por unos 3,500 millones de pesos.
El alcance y sus implicaciones comprenden un abanico bastante amplio que iba desde influyentes despachos del Palacio Nacional, autorizando exoneraciones de impuestos aduanales e ITBIs, en perjuicio de la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) por cientos de millones de pesos. Hubo maquillaje de auditorías de muchas instituciones y Ministerios, algo que consta en el expediente de la Operación Caracol, que involucra a pasados jueces de la Cámara de Cuentas.
En este caso se produjo la alteración de cubicaciones en las que están implicados el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y el excontralor general de la República, Rafael Germosén Andújar, en el pago irregular por parte de la OISOE durante la transición de gobierno, de 922 millones de pesos a la compañía Domedical Supply, sin la evidencia de recepción de los equipos. El entramado mafioso que operaba desde el Ministerio de Hacienda facilitaba el pago de expropiaciones que involucran a la Contraloría, Bienes Nacionales, Catastro y el Banco de Reservas, por más de 30,000 millones de pesos.
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